Aunque parezca lo contrario, las decisiones del gobierno
sobre el alcance y el nivel de eficiencia de sus actividades puede ser eficaz
separarlos de las decisiones sobre el diseño de los sistemas fiscales. En este
punto de vista, los programas del sector público deben ser diseñados para
maximizar los beneficios sociales menos los costos (análisis de
costo-beneficio), y luego los ingresos necesarios para pagar los gastos deben
ser planteados a través de un sistema tributario que cree el menor número de
pérdidas de rendimiento a la actividad privada como sea posible. En la
práctica, el presupuesto del gobierno o del público es mucho más complicado y
con frecuencia da lugar a prácticas poco eficientes.
El papel apropiado del gobierno proporciona un punto de
partida para el análisis de las finanzas públicas. En teoría, en determinadas
circunstancias, los mercados privados asignarán los bienes y servicios entre
los individuos de manera eficiente (en el sentido de que no produce residuos y
que los gustos individuales son coincidentes con las capacidades productivas de
la economía). Si los mercados privados fuesen capaces de ofrecer resultados
eficientes y si la distribución del ingreso fuese socialmente aceptable,
entonces no habría posibilidades o ninguna para la existencia de los servicios
públicos.
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